domingo, 11 de mayo de 2014


Informe no. 20


Un sinuoso camino al reconocimiento


A la fecha, a pesar de los esfuerzos y logros alcanzados en el ámbito internacional, el referente lingüístico obligado para muchos, me refiero a la Real Academia Española no contempla en su diccionario la palabra etnocidio, donde brilla por su ausencia a diferencia de aquel reconocido oficialmente tras el exterminio judío, el de genocidio. Y es que lo anterior nos obliga a reflexionar sobre como el acontecer de ciertos sucesos sugiere la formulación de nuevos términos, y es el "contexto" el que permite o niega su uso; es decir,  no todos corren con la misma suerte, mientras algunos son aceptados y codificados, otros se prefieren ignorar y dejar en el olvido, siendo así una forma de invisibilizar lo que intenta describir o explicar. 

El proceso del reconocimiento del término etnocidio ha sido largo y accidentado, por lo menos en Occidente. Es posible ubicar sus antecedentes con la conquista de los indios en manos de europeos cuando esto motivó a personajes como al padre dominico Fray Bartolomé de las Casas a denunciar diversas formas de violencia perpetuadas por los colonizadores. A mediados del siglo pasado, el jurista Raphael Lemkin abogó por la inclusión a la Convención del Genocidio de lo que llamó "genocidio cultural" siendo rechazado tajantemente. 
Más tarde, hacia la década de 1970 etnólogos franceses como Georges Condominas y Robert Jaulin formularon finalmente el término de etnocidio, a partir del cual se ha propuesto múltiples definiciones, sin embargo su carácter ambiguo y complejo se manifiesta actualmente en un vacío legal. A principios de la siguiente década se redactó una declaración mejor conocida como la Declaración de San José sobre etnodesarrollo y etnocidio en América Latina en donde es posible dar cuenta de ello. Desde entonces, estos esfuerzos encaminados a su reconocimiento jurídico se han visto reflejados en otros instrumentos internacionales, además de haberse trasladado a nivel local, como es el caso de Ecuador, país donde tras algunos cambios en su definición recién fue aceptado y reconocido como delito. 




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